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Como una represalia contra las constantes críticas que varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) hacen a la falta de transparencia de las instituciones del Estado y del propio Congreso Nacional, los “padres de la patria” aceleraron la discusión de una Ley que prohíbe la incidencia en aspectos políticos y restringe la auditoría social.

Esta medida es considerada por varias de las ONG como una represalia por la  conducta vigilante de varias organizaciones, tal y como lo expuso Reyna Rivera Joya, directora ejecutiva del Centro de Investigación y promoción de los Derecho Humanos en Honduras (CIPRODEH).

Rivera Joya  señaló que es  necesaria una legislación que regule el surgimiento y vigencia de las ONG, OPD y otras instituciones que existen en el país y que no se sabe cual es su propósito, pero que la preocupación generalizada en este momento, es el contexto en que se produce  esta  nueva legislación.

El  detonante  

La semana anterior CIPRODEH dio a conocer un informe que puso en entredicho la capacidad de producción de los parlamentarios. De acuerdo al informe, existe una baja producción legislativa, cada reunión cuesta al pueblo hondureño un  millón de lempiras y revela que en el año 2008 los diputados dispusieron 147 millones de lempiras (8 millones de dólares) en subsidios manejados discrecionalmente y sin mayores mecanismos de rendición de cuentas.

El documento no agradó a los legisladores que de inmediato objetaron  el trabajo y la arremetieron contra las ONG,  los ataques concluyeron  con el anteproyecto de Ley que contiene una serie de prohibiciones que dificultarán las labores de estas organizaciones.

“Nos encontramos preocupados por algunos elementos que pueden verse directamente contra el trabajo de las ONG, esperemos que finalmente los diputados recapaciten en varios términos y dejen la ley de  manera que beneficie a todos”, indicó la directora de CIPRODEH

En Honduras habría unas 8.000 Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en  diferentes áreas humanas, que ayudan a la población a salir del subdesarrollo;  muchas de estas ONG tienen presencia en lugares donde el Gobierno no llega y  la mayoría no cuentan con financiamiento del Estado.

La pretensión original de los legisladores de que las ONG  deberían iniciar con 25 miembros logró reducirse a 15 personas con la  moción de la diputada Mirna Castro, la cual dictaminó una comisión que integraron los miembros: Iván Fiallos, Abraham Alvarenga, Luis Alonso Marcia, Ana Rosa Andino y Gonzalo Rivera. Actualmente estas organizaciones inician sus funciones con 5 ó 7 miembros.

Argumentos

Lo que más preocupa a las pocas ONG que  realizan auditoría social en el país  es que la nueva Ley prohíbe incidir en política y restringe la participación de las auditorías sociales, lo que contradice la bandera que el  actual gobierno ha enarbolado, porque con ello se restringe la transparencia y el acceso a la información pública.

Los puntos en los cuales se basaron los congresistas para atacar a las ONG  es que existen varias de estas organizaciones que destinan todos sus fondos al pago de salarios y no en obras sociales, para lo que reglamentaron que sólo el 10 por ciento de sus presupuestos sea para el pago de empleados.

Además agregan que deberán exhibir el 50 por ciento de sus aportaciones; deberán pagar una tasa registral única y para su control se creará otro órgano burocrático que se denominará Superintendencia de ONG.

Una vez que se disuelva la organización los activos pasarán a formar parte de una institución del Estado que la  asamblea decida.