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El Estado de Honduras no ha cumplido con las medidas cautelares ordenadas por la CIDH destinadas a proteger las vidas de los dirigentes de la lucha de tierras en la comunidad garífuna de San Juan, al contrario, el nivel de amenazas se ha mantenido y las autoridades, como la Fiscalía en Tela Atlántida ya no atiende, las denuncias.

Tegucigalpa, Honduras.- El 24 de octubre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró audiencia en seguimiento al caso de las Medidas Cautelares para los dirigentes Garifunas de San Juan. Ni la Comisión y muchos menos, los dirigentes estuvieron conformes, pero en cambio recibieron el compromiso del gobierno de Honduras en cuanto a establecer mecanismos eficaces de protección.

La CIDH ordenó las medidas el 7 de julio de 2006 en respuesta a una petición planteada por un largo expediente de incidentes registrados en defensa del derecho a la tierra. Era una larga cadena de hechos, desde una simple intimidación mediante presencia armada, atentados y hasta muertes. La justicia nacional hizo caso omiso a estos hechos, por lo que, a juicio del peticionario, la  Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofraneh no hubo otra instancia que la CIDH. La denuncia quedó referenciada bajo el título de Petición 674/06.

Las medidas eran: 1.- Proteger la vida e integridad personal de los directivos del Patronato y del Comité de Defensa de Tierras de San Juan, en especial Jessica García, Wilfredo Guerrero y Elis Marín.

2.- Proteger y respetar el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a San Juan.

Cansados de lo mismo

Para miembros de la comunidad, como  Jessica García,  el incumplimiento de las medidas cautelares provoca temor, “nosotros estamos fuertes, no nos vamos a retirar de la lucha, pero la gente le da miedo meterse,  hay retiro de dirigentes, hasta la humillación colectiva que experimentan los habitantes del pueblo”. Agrega que además existe desconfianza en la Policía.

Victoriano Diego, un ex presidente del Patronato, que conoce muy bien la problemática, se preguntó ¿Y para donde nos vamos a ir, si aquí crecimos?, en razón al ofrecimiento del supuesto propietario de las tierras, Jaime Rosenthal de concederle propiedades para que ahí tomen una nueva vida.    

Mirian Miranda, presidenta de la Ofraneh,  y Jessica García coincidieron en señalar que los garífunas ya están cansados y marchan a una situación de responder con la misma moneda. Lo único que ha evitado una reacción es la aplicación de medidas cautelares por parte de la CIDH.

Por tratarse de una lucha entre pobladores pobres, y uno de los grandes capitales del país, el asunto  no goza del interés de los medios de comunicación, pero mientras los informativos nacionales se ocultan de la comunidad, los dirigentes atienden una gran demanda de los medios internacionales.

De su caso se ocupan limitado número de medios independientes, como REVISTAZO.COM,, por ello, se motivaron a buscar el Sistema Interamericano, para la reivindicación de sus derechos.

“Sigue el miedo”

“Ya ahora hay menos ataques, pero siempre tenemos miedo”, apunta García;  mientras Wilfredo Guerrero señala que no puede regresar al pueblo por temor a que lo maten. Asegura también que si cae a la cárcel es hombre muerto. 

Guerrero hace un llamado al gobierno, para que de mayor atención a la etnia Garífuna,  a los Pechs, y a todos los que trabajan a favor de la tierra, no mandándolos a matar con sus sicarios, pues para él, el escuadrón de la muerte es del Estado, y recuerda lo que pasó el  4 de octubre de 2007.

“Ese día unos 36 efectivos, entre miembros de la Dirección General de Investigación Criminal DGIC y Cobras, sin orden de allanamiento entraron a mi casa y me llevaron, me salvé de milagro, gracias a un hermano garífuna, ellos llevaban una orden de captura del año 2000, que yo ya había desvanecido y hoy tengo otra orden de captura emitida el 22 de enero y es, actualmente, por la que dicen que estoy prófugo”.

Tras haber salido de su casa tuvo un regreso inesperado, cuando llegó a una distancia regular advirtió un grupo de soldados dentro y rodeando su vivienda, incluso estaba un reportero de diario Tiempo, propiedad de Jaime Rosenthal Oliva. Guerrero tuvo oportunidad de ver el carné con el nombre del diario.

Guerrero asegura estar desilusionado de las autoridades, en especial del Presidente Manuel Zelaya, pues en una oportunidad les dijo a la Comisión de San Juan y Ofraneh que ¨no tiene capacidad de resolver el problema de San Juan porque es caso muy engorroso¨. Incluso los ministros les dijeron ya que no se puede solventar la situación.

Motivación para los enemigos

Para Jessica García  lo negativo es la actitud de las autoridades hondureñas,  esto crea  una motivación en los enemigos. Si bien, estos han modificado sus formas de ataque, siguen teniendo presencia en el lugar, mientras los lugareños tan solo pueden observar temerosos, con el terror de ser atacados a tiros.

“En ningún momento se cumplieron las medidas cautelares, porque mírame aquí, en ningún momento, lo que intentaron hacer era mandar un grupo de policías a vernos aquí, los mandaron primero dos veces al día, después una, después una vez a la semana, luego desaparecieron una vez al mes y después una cada tres meses y así sucesivamente y hasta ahora estamos igual”, asegura Jessica quien espera que con el compromiso asumido el 24 de octubre pasado, las cosas cambien.

Tras las  declaración de medidas “hubo un cambio, pero no total, pero si mermaron las intimidaciones que estábamos llevando, nosotros no podíamos plantar una casa en Nuevo San Juan porque venían los sicarios de Rosenthal y las tumbaban a media noche,  ya no se hicieron denuncias porque decidimos que nos íbamos a dar vigilancia porque de parte de la policía nunca se hizo nada”, agregó.

“Es nuestro deber cumplir con las medidas”

Al concluir la última reunión de acercamiento y concertación de medidas, desarrollada el 7 de noviembre de 2008 en San Juan, Tela, el viceministro de Seguridad Hugo Suazo aceptó que el curso de las medidas de protección no había sido como lo ordena la CIDH y como lo requieren los beneficiados, no obstante, dijo que el compromiso de proteger la vida de los hondureños era una obligación y, más si estos gozan de medidas cautelares.

Suazo indicó que el gobierno de la República tiene toda la buena intención de ejercer una vigilancia que implique tranquilidad para los pobladores de San Juan.

“Por eso venimos, estamos contentos y seguros que esta nueva fase de conversaciones va a producir los resultados esperados por la Comisión y de los habitantes de la comunidad; siempre haciendo la salvedad que tenemos una Policía que enfrenta problemas logísticos, mientras el crimen cada día se hace más fuerte”, sentenció.

Ante las quejas de los vecinos, indicó que deben tener razón, pero no en cuanto a que a la Policía no le interesa proteger la seguridad personal de ellos.

Entre tanto, para la fiscal de las etnias Yani del Cid, no hay ninguna duda en cuanto al cumplimiento de las medidas cautelares “obviamente que se ha presentado incumplimiento, no solamente en cuanto a la seguridad de los dirigentes sino también en cuanto a la violación de suspender cualquier gestión sobre las tierras, entiendo que la municipalidad de Tela ha autorizado ciertas construcciones ahí”.

En cuanto a que la Fiscalía ya no atiende las denuncias de ellos, indicó que se trata de las fiscalías locales, en este caso la de Tela.

“La Fiscalía de Etnias ha tenido dificultades logísticas para estar más permanente en las comunidades, sin embargo, en muchos casos que conocemos directamente o los conocemos a través de información de ellos, coordinamos con los fiscales locales a fin de que se puedan desarrollar las investigaciones”.

Además de la condena a pagar cuantiosas sumas de dinero, en concepto de indemnización, a los perjudicados, a Honduras le quedaría la reputación de Estado violador de derecho humano e irrespetuoso de la justicia internacional.

Lo que el Estado debe hacer

Lo primero es revisar y hacer operativa toda su estructura en materia de Derechos Humanos, preocuparse de ellos y, especialmente, hacer activos sus estamentos jurídicos para que nadie tenga que ir a quejarse ante los organismos de justicia internacional, mientras la sociedad civil debe estar unida y fuerte para presionar, vigilar y exigir el cumplimiento.

Una experta consultada por Revitsazo.com que prefirió el anonimato, sostuvo que el Estado es el jefe de  todos los organismos de Seguridad, por lo que no le queda otra alternativa que girar las respectivas instrucciones para el cumplimiento de las normas de protección de las personas que gozan de medidas cautelares.

Si una de estas perronas muere  en goce de medidas cautelares, es un agravante enorme en contra del Estado y la Comisión lo obliga a reparar los daños  causados o restituir los derecho violados, pero en caso de un asesinato es imposible repararlo, lo que ocurre, entonces es que el Estado es condenado a repararlo, existen tres formas: 1.-Reparación económica, 2.- Reparación no Patrimonial y 3. Reparación a los daños morales.

La Reparación No Patrimonial, está referida a la implementación de obras sociales en honor a las personas fallecidas, por ejemplo el nombrar una calle o una escuela con el nombre de la víctima, por supuesto, esto es en adición al asunto económico. La reparación de daños morales es casi siempre ejecutada con dinero.

Más que cualquier monto que pueda enterarse a cualquier cuenta bancaria, es el prestigio de Estado violador, que queda para Honduras, lo que más pesa en el concierto internacional.

No obstante, la experta considera que el Gobierno ha mejorado en cuanto al cumplimiento de las medidas cautelares, según dice, el asunto ya no es tan grave, hay algunas medidas que se han cumplido mejor que otras, el Estado ha mejorado su sistema de protección, en algunos casos ha sido eficiente mientras otras cosas ha sido negligente y han ocasionado daños reparables.